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Régimen de Nicaragua libera al obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión

Su excarcelación, según fuentes se dio gracias a negociaciones entre el gobierno nicaragüense, El Vaticano y el Episcopado, que ahora discuten el destino del alto jerarca

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria, fue excarcelado por el gobierno que preside Daniel Ortega y se encuentra bajo resguardo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, informó este miércoles una fuente diplomática.

Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sacado del Sistema Penitenciario Nacional, la cárcel de máxima seguridad del país y conocida como “La Modelo”, donde se encontraba recluido desde el 9 de febrero pasado tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos, y está bajo resguardo del Episcopado, dijo la fuente.

Su excarcelación, según la fuente, se dio gracias a negociaciones entre el gobierno nicaragüense, El Vaticano y el Episcopado, que ahora discuten el destino del alto jerarca.

En las conversaciones está la posibilidad de que el obispo Álvarez sea enviado a Roma o al exilio o sea nuevamente encarcelado en caso de negarse, indicó.

“Monseñor Rolando Álvarez no quiere salir de Nicaragua. Quiere ser libre, sin condiciones, en su país”, escribió en su red social el obispo hondureño José Antonio Canales, quien dio seguimiento a la situación.

La excarcelación del jerarca católico nicaragüense se da dos semanas después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, anunciara en Roma, tras reunirse con el papa Francisco, que intentaría convencer a Ortega.

Lula explicó entonces que lo único que quiere la Iglesia Católica en Nicaragua es que liberen al obispo Álvarez para que pueda viajar a Italia y calificó como “un error” de Ortega el encarcelamiento del jerarca.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la semana pasada la liberación del obispo, pidiendo a las autoridades nicaragüenses que garantizaran “un trato digno” al prelado, “mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada”, así como el contacto con “familiares y abogados”, puesto que el detenido se encontraba en una situación de “extrema vulnerabilidad”.

En los últimos meses, el gobierno de Daniel Ortega privó de nacionalidad a disidentes, expulsó del país a embajadores y clausuró miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.

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