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Piden a la CIDH suspender la nueva ley cubana que regula a la prensa

Diversas organizaciones en favor de la libertad de expresión solicitaron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija la suspensión de la reciente ley de Comunicación Social de Cuba, puesto que consideran que tiene el objetivo de “silenciar, perseguir y penalizar el disenso y la libertad de expresión”.

Así lo pidieron representantes de asociaciones como la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), Civil Rights Defenders (CRD) o Impulsa Latinoamérica (IL) en una audiencia pública sobre la libertad de expresión en Cuba durante el 188 Período de Sesiones organizado por la CIDH en Washington, en la que los representantes del Estado cubano no se presentaron.

La ley de Comunicación Social, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el pasado mayo, reconoce solo la legalidad de los medios que, en mayor o menor medida, están vinculados al Estado o al Partido Comunista, y establece que estos no pueden “desestabilizar” el sistema socialista cubano.

Los activistas consideran que dicha legislación afecta a los derechos fundamentales en Cuba, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Rosa María Payá, hija del asesinado disidente Oswaldo Payá, señaló que la ley es “incompatible” con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece los derechos de toda persona a la libertad de opinión y difusión del pensamiento, entre otras.

Una afirmación que sustentó con hechos como que, según la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2020-2023 que realizó Reporteros Sin Fronteras, Cuba ocupa el puesto 172 de un total de 180 países; “es el país con la peor clasificación en cuanto a libertad de prensa en toda América Latina”, agregó Payá.

En esta misma sesión, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villareal, pidió al Gobierno cubano que cese con su “hermetismo frente a la observación internacional”, ya que consideró que el diagnóstico del país en términos de libertades apunta a una “tremenda regresión”.

También el comisionado de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, lamentó el contexto expuesto y, para concluir la audiencia, la comisionada y vicepresidenta del organismo, Esmeralda Arosemena, tildó de “muy oportuna” la solicitud presentada por las organizaciones sociales presentes.

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