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miércoles, febrero 28, 2024
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La Fiscalía presenta una denuncia contra el Barcelona por pagos realizados a Negreira

La denuncia que la Fiscalía está a punto de presentar ante los juzgados por los pagos millonarios del Barça al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira se dirige, entre otros, contra el FC Barcelona como persona jurídica, según han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales. La Fiscalía acusará al club azulgrana de corrupción en los negocios, un delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. El delito se contempla en su modalidad continuada, lo que implica una mayor gravedad de las penas. Tras casi un año de investigación, la denuncia señaña también al expresidente de la entidad Josep Maria Bartomeu, a miembros de su equipo directivo responsables de los pagos y a Negreira, que hasta el año 2018 recibió, a través de una empresa, casi siete millones de euros del Barça por supuestas asesorías verbales cuya veracidad está en entredicho.

La investigación de la Fiscalía, que comenzó en mayo de 2022 por unas presuntas irregularidades fiscales cometidas por la empresa de Negreira, se cerró de forma precipitada hace unas semanas. La querella interpuesta por un árbitro del VAR ante los juzgados obligó —así lo establece la ley— a cesar en las diligencias de investigación, que estaban ya muy avanzadas aunque no han logrado despejar la incógnita central de esta historia: por qué el Barça desembolsó ingentes sumas de dinero para pagar al que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En su declaración ante la Agencia Tributaria, el exdirigente arbitral dijo que el club le pagaba porque quería arbitrajes “neutrales” y “asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra” durante los partidos. Cuando fue llamado a declarar como investigado ante la Fiscalía, sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar con el argumento de que padece alzhéimer.

La denuncia recoge las conclusiones a las que han llegado los agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante la investigación, que ahora pasará a manos de un juez de Barcelona. El FC Barcelona será denunciado, como persona jurídica, por un delito de corrupción en los negocios, según han detallado las mismas fuentes a este diario. La Fiscalía contempla que el delito sea en su modalidad continuada (desde 2010) ya que los pagos se produjeron, de forma ininterrumpida, al menos desde 2001 y hasta julio de 2018, cuando el equipo de Bartomeu puso fin a esas prácticas. El fin de la relación provocó las protestas de Negreira, que amenazó con cargar contra “todos los presidentes” del Barça que habían mantenido viva esa supuesta relación comercial: Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) y Bartomeu (2014-2020). La empresa de Negreira, Dasnil, vio cómo desde entonces cayeron en picado sus ingresos: el Barça era prácticamente su único cliente y su razón de ser.

La fiscalía considera que hay indicios de un delito de corrupción en los negocios cometido por el club por el hecho de haber pagado casi siete millones a Negreira durante el tiempo en que este era vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), el órgano de gobierno del colectivo. Aunque el CTA no decide qué colegiado dirige cada encuentro, sí tiene potestad para decidir sobre los ascensos y descensos de los árbitros. La investigación pone el foco en las sumas de dinero que el exdirigente arbitral retiraba, en efectivo, de entidades bancarias. El destino final de ese dinero se desconoce; no se ha constatado, por ejemplo, que su patrimonio inmobiliario o de otro tipo haya aumentado de forma notable. El Barça, además, pagó otras cantidades al hijo del exárbitro, Javier Enríquez, por informes arbitrales de los que sí hay constancia documental. Los pagos se hacían a través de una empresa del exdirectivo del club Josep Contreras (ya fallecido) que a cambio percibía comisiones de hasta el 50% de lo pagado al coach deportivo.

El delito de corrupción en los negocios —la denominación corrupción entre particulares, de 2010, se modificó en 2015— prevé una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de inhabilitación y el pago de una multa. El artículo contiene un apartado (286.4) que alude de forma explícita a las competiciones deportivas, y que castiga a “los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva” (en este caso, el Barça) y también a los “deportistas, árbitros o jueces” (Negreira) que pretendan “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva”.

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