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Redes sociales y deber de garantía: una protección necesaria a los derechos de los menores de edad

Santiago Torrijos Pulido

El miércoles 31 de enero de 2024, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta; Shou Zi Chew, director ejecutivo de Tik Tok; y los directores ejecutivos de Snap, X y Discord, comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos para responder por los perjuicios cometidos a menores de edad por causa del uso y abuso de las redes sociales.

Frente a distinguidos senadores americanos y un importante número de familias de menores víctimas de abuso, violación y posibles inducciones al suicidio, Zuckerberg pidió sus más sinceras disculpas y condolencias por los daños ocurridos a estos menores de edad, mártires de la manipulación de las redes sociales.

Sin perjuicio de lo anterior, de cara a los delitos cometidos por las redes sociales, es interesante considerar las posibles posiciones de garantía que se configuran de cara a los crímenes cometidos contra los menores de edad. Por lo anterior, es posible preguntarse ¿Son en realidad Zuckerberg y sus 4 homólogos tecnológicos responsables de todas las atrocidades cometidas en contra de los menores de edad por causa de las redes sociales? O, en realidad existe una responsabilidad de los padres que omiten la vigilancia debida del contenido que consumen sus hijos en aplicaciones como Instagram o Tik Tok.

Para dar respuesta a lo anterior, y en aras de una postura objetiva, es necesario diferenciar entre el deber de garante y la posición de garante frente a la omisión impropia. El primero hace referencia a las obligaciones que establece la ley en cabeza de una persona que tiene el deber jurídico de evitar un resultado (en este caso, por ejemplo, la muerte de un menor), mientras que el segundo hace referencia a las capacidades físicas y materiales que tiene la persona obligada de poder cumplir con dicho deber. Así las cosas ¿Un padre tiene el deber jurídico de evitar que su hijo consuma contenido social que lo lleve al suicidio? O ¿Son en realidad los gigantes tecnológicos quienes tienen la obligación de sustraer todo tipo de contenido que permita llevar a un menor a causar su propia muerte?

Pareciera que la respuesta a las anteriores interrogantes fuera homónima: ambos, padres y empresas, tienen el deber jurídico de evitar el consumo de contenido peli-groso para los menores. ¿Y la posición? Atendiendo a las realidades del funcionamiento social, pareciera que los padres tienen menor control sobre la vida de sus hijos, pues estos pueden llegar a tener hasta tres perfiles o avatares diferentes que se salen de la órbita de conocimiento y protección de un adulto responsable. Por lo tanto, pareciera que, en materia de la posición de garantía, tiene mayor capacidad física y material un gigante como Meta de cumplir con el deber de garante de evitar el resultado de muerte de un menor que consume contenido que lo puede llevar al suicidio.

Sin embargo, la respuesta planteada no pretende ser un dogma. Con lo anterior, lo que se busca poner de presente es que la vida e integridad de los menores está co-rriendo peligro y es momento de que, tanto sector privado como sector público, emprendan acciones encaminadas a otorgar espacios seguros para nuestros niños y adolescentes, de tal manera que puedan ejercer su derecho a la libre autodeterminación de una forma sana y segura.

Abogado Penalista en la firma Mario Iguarán Abogados Asociados

Magíster en Criminología, Delincuencia y Victimología, y

Candidato a LL.M. en Estudios Legales Internacionales

de la Universidad de Georgetown

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