El proyecto HB4 establece nuevos delitos que castigan a quienes entran al estado de Texas de manera ilegal
A medida que avanzan a toda marcha en la legislatura de Texas los proyectos de ley que buscan endurecer normas relacionadas con inmigración, una de las agencias del estado evaluó el impacto económico que algunas de ellas, la iniciativas SB4 y HB4, generarían sobre las finanzas del estado.
De acuerdo con la Junta de Presupuesto Le-gislativo, establecida en Austin, “la creación de un nuevo crimen en el Código Penal puede resultar en un incremento adicional en los recursos de los centros de reclusión estatales, debido al posible incremento de personas sentenciadas a pasar un tiempo en prisión”.
El proyecto HB4 establece nuevos delitos que castigan a quienes entran al estado de Texas de manera ilegal.
La iniciativa crea delitos menores por la entrada ilegal, los cuales se pueden agravar en caso de que la persona haya sido convicta previamente.
La medida permite que un juez pueda desechar los cargos y emitir una orden que requiera que la persona sea devuelta a México, previo al cumplimiento de un tiempo de servicio en una prisión estatal.
Sumado a esto, la Oficina de Administración de Cortes (OCA por siglas en inglés), el orga-nismo que regenta las labores de las cortes en el estado, indica que “aunque el impacto fiscal no puede ser determinado, anticipamos que el incremento en la demanda en las cortes condales y de distrito de la frontera pueda requerir fondos adicionales y, eventualmente, crear una o más cortes” como medida para subsanar la demanda.
Adicionalmente, la agencia estatal destaca que la ley tendrá un impacto sobre el aumento en la población carcelaria por lo que se deben destinar recursos económicos para atender la situación de sobrepoblación.
Además de los interrogantes expuestos por OCA, abogados señalan que al ser aprobados los proyectos y firmados por el gobernador Greg Abbott, estos enfrentarán un inmediato reto en las cortes federales, al ser el tema de inmigración un asunto cuya jurisdicción recae sobre el gobierno federal y no en el nivel estatal.