Saben los lectores de esta columna que en otras ocasiones he dicho que es estéril pretender acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como han sugerido los más radicales y que es injusto generalizar y decir que todo va mal en ese escenario judicial. Aunque es cierto que pudieron haberse tomado decisiones más sensatas desde el punto de vista de diseño institucional y que, en su composición, la JEP pudo haber contado con juristas de distintas corrientes ideológicas y filosóficas para que hubiera ganado legitimidad desde un comienzo, lo hecho, hecho está, y sobre la base de lo que ahora existe tendríamos que tomar correctivos y formular críticas funcionales.
Sin embargo, la JEP no se ayuda. En un artículo que escribí para un medio la semana pasada dije que el déficit de credibilidad de esta institución está directamente ligado a su déficit de resultados.
Se demoraron mucho expulsando a quienes era obvio que estaban conejeando a la paz y de los siete macrocasos que hoy tienen, ninguno ha terminado en las primeras sanciones pese a que desde hace dos años están oficialmente abiertos. Pero lo dicho por la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en una entrevista concedida al periodista Yamid Amat, solo confirma que esa justicia ha servido, hasta ahora, para lavarle sus culpas a los victimarios mucho más que para imponerles sanciones de justicia restaurativa a estos sujetos en favor de las víctimas.
Dice la doctora Linares ante el interrogante de si han producido resultados en la Jurisdicción: “La JEP ha adoptado más de 29.000 decisiones judiciales; se han concedido 241 amnistías y se han negado más de 1.400. Hemos dado la libertad a 362 miembros de la Fuerza Pública y a 210 excombatientes de Farc; hemos recibido 66 solicitudes de garantías de no extradición. Se concedió una, se negaron 55 y las demás están en trámite”.
Con esas estadísticas en mente y sin mencionar una sola sanción efectiva o avance en casos tan sensibles como el del reclutamiento de menores, uno sinceramente se pregunta: ¿la JEP para qué? ¿Para aparentar que hay procesos judiciales en marcha que están más lentos que los de la justicia ordinaria? ¿Para decir que algún día habrá justicia para las víctimas sin que se avance lo suficiente? ¿Para alimentar una inmensa burocracia derivada de los Acuerdos de Paz? Buen momento para hacerse la pregunta y, sobre todo, para responderla con honestidad intelectual: ¿La JEP para qué?
J.M. Acevedo
Vanguardia.com