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martes, febrero 20, 2024
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Exparamilitar “Jorge 40” regresa deportado a Colombia tras pagar su pena en EE.UU.

El exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, quien cumplió una condena en Estados Unidos por narcotráfico, regresó deportado este lunes a Colombia donde tendrá que responder por sus crímenes ante la justicia, confirmó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

“Como lo anunciamos en su momento, Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, ya se encuentra en Colombia a disposición de las autoridades migratorias y judiciales, y tendrá que responder ante la justicia y las víctimas por sus cuentas pendientes en el país”, dijo el funcionario. Alias “Jorge 40”, uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por delitos asociados al narcotráfico, y se le condenó a 16 años de cárcel de los cuales pagó 12. Durante su proceso judicial, el Gobierno de EE.UU. responsabilizó a Tovar Pupo del envío a ese país de al menos 1.500 kilogramos de cocaína entre 2002 y 2005 y cuyo cultivo, producción y tráfico supervisaba al haber dirigido las actividades de las AUC en el noreste de Colombia.

Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe. Como parte del acuerdo, los ex-paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes como “Jorge 40”perdieron esos beneficios.“Jorge 40” tiene en Colombia más de 1.486 investigaciones activas por múltiples delitos como asesinatos, tortura, desplazamiento forzado y masacres como la de El Salado en la que centenares de hombres bajo sus órdenes asesinaron a al menos 60 personas en febrero del 2000 en el caribeño departamento de Bolívar. Tovar Pupo, que tiene en su contra 35 órdenes de capturas pendientes y 40 medidas de aseguramiento, quedará a disposición de la justicia penal ordinaria donde deberá “garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas”, como lo aseguró el ministro encargado de Justicia, Javier Sarmiento.

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