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miércoles, febrero 21, 2024
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Dilemas del Derecho Penal, parte II

*Santiago Torrijos Pulido

Los delitos sexuales son nefastos. No hay duda de ello. Lastiman lo más profundo del ser humano. Lastiman su razón de ser como persona, lo más íntimo, y a la vez lo más protegido. Entonces, ¿qué tiene que ver una violación con una extorsión? Hay dos formas de mirarlo, que nos llevan a conclusiones muy distintas.

Cuando se habla de un delito sexual, indudablemente se habla también de coartar la libertad. Ante un atentado como este, la persona tiene todo el derecho a reaccionar. No obstante, en situaciones de convivencia cotidiana e íntima al interior del hogar, esto quizás no ocurre; o se tarda demasiado tiempo, permitiendo que la victimización sexual se prolongue. Para el victimario, se trata del uso del arma sexual como instrumento de manipulación a largo plazo. El agresor, en efecto, tiene doblegada a la víctima por completo. La víctima, que cree que por el mero hecho de la convivencia tiene un deber de lealtad, traducido al plano sexual, se doblega una y otra vez. Es maltratada una y otra vez. Todo lo anterior, fruto de una dinámica extendida en el tiempo, y a la vez casi imperceptible para el resto de personas, puesto que sucede en los ámbitos más privados de la vida cotidiana (es, por así decirlo, una enfermedad silenciosa, que afecta a muchos más de los que se cree).

La relación víctima-victimario, además de abusiva, es extorsiva, puesto que se utiliza la violencia psicológica para lograr que la víctima tolere un acto sexual contrario a lo que verdaderamente quiere hacer, y esto en últimas se traduce en un provecho para el predador sexual.

Ante esta dinámica, cobra importancia el uso de la legítima defensa incluso en situaciones de no confrontación. Me explico: usualmente, la legítima defensa debe darse cuando hay una agresión actual o inminente. Pero, en este caso, quizás la víctima esté tan coaccionada y tan malacostumbrada que sea incapaz de reaccionar de manera ágil; además, es presa del pánico hacia el agresor en el momento de la violación. De allí que sea fundamental que en el derecho penal se permita la ampliación del significado de la palabra “inminente” en cuanto a delitos sexuales en ámbitos íntimos se trata, para que la víctima no solamente pueda reaccionar, en el marco de la legalidad, cuando está siendo víctima de la violación, o justo antes de ella, sino también en algún momento en que vea el escenario como absolutamente probable, aun cuando ello no esté ocurriendo en ese preciso instante.

Se trata, entonces, de que la víctima pueda confrontar a su agresor, de manera preventiva, incluso en un momento en el que no esté siendo objeto de la agresión sexual como tal. Que pueda defenderse en un momento en el que, en realidad, puede estar suficientemente empoderada para hacerlo. Solo de este modo la víctima se puede librar del yugo y obtener verdadera libertad.

La otra cara de la moneda, sin embargo, tiene que ver con aquel a quien tildan de “agresor sexual” injustamente. El discurso de la “víctima” engañosa y falsa suele ser el mismo siempre: se parte de un conflicto intrafamiliar. Existe una disputa de alto calado que está en curso (por ejemplo, la custodia de un hijo). La supuesta víctima indica que nadie más presenció el delito porque supuestamente se produjo en el ámbito más privado. Solamente se enfrenta su testimonio contra el testimonio del presunto violador. O, peor, la suplantadora engañosa, en su afán por ejecutar el plan criminal, señala que la “víctima” de la agresión sexual fue el propio menor de edad. De este modo, dentro de la dinámica de la alienación parental, la supuesta víctima se convence a sí misma, o al menor de edad, de que se produjo una agresión sexual, y a partir de allí, propone una compleja batalla legal en contra del “agresor”. Todo es un montaje, y una total calumnia. El “agresor” no es agresor, sino que, en realidad, es el agredido. La “víctima” no es víctima, sino una persona cuidadosa y manipuladora, que busca utilizar el aparato judicial para avanzar sus intereses en la disputa subyacente (ej. ganar la custodia del menor de edad). No le importa que tenga que conducir a su pareja a la cárcel, con tal de lograr su objetivo, y tampoco le interesa utilizar al menor como una mera herramienta para sus oscuros propósitos, convenciendo al pequeño de una “realidad” que nunca existió. Es por eso que se le denomina científicamente “síndrome de alienación parental”.

Surge así este gran dilema del derecho penal: cuando las personas me preguntan a quién he defendido, tengo que responder que a ambos: a víctimas y a agresores. La clave es que los supuestos “violadores” pueden ser en realidad víctimas, y las “víctimas” -más comúnmente de lo que se cree- pueden ser, en realidad, las agresoras.

Abogado Penalista en la firma Mario Iguarán Abogados Asociados

Magíster en Criminología, Delincuencia y Victimología, y Candidato a

LL.M. en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Georgetown

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