Cuatro exdirectores del censo de Estados Unidos emitieron una declaración que decía que el cronograma comprimido “resultaría en una enumeración seriamente incompleta en muchas áreas de nuestro país”
Con el tiempo casi encima de la fecha límite para llenar el Censo 2020, el fiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer, presentó una demanda contra la Administración Trump, desafiando el intento inconstitucional del gobierno federal de reducir drásticamente el tiempo para el conteo del censo. Feuer enfatiza que esta reducción resultaría en un conteo reducido severo de la población amenazando la representación de la ciudadanía en el Congreso y millones de dólares en fondos federales. “Estamos demandando para impedir que la administración Trump abandone la idea inconstitucional de un plan para obtener un conteo ‘preciso’ en medio de una pandemia devastadora”, dijo Feuer. “Desde la representación política hasta la financiación pública crucial, cada residente de Los Ángeles tiene mucho en juego en una cuenta plena, justa y completa. El cambio abrupto, inexplicable e ilegal de la Administración perjudicaría a los angelinos durante la próxima década”. Al inicio de la pandemia del coronavirus, la Oficina del Censo cambió los plazos de las operaciones críticas por algunos meses para obtener un nivel razonable de precisión a pesar de los desafíos del virus. Pero a principios de este mes, la Oficina cambió abruptamente de rumbo y dijo que, comprimirá un período planificado de ocho meses y medio para recopilar y procesar datos en solo cuatro meses y medio. Cuatro exdirectores del censo de Estados Unidos emitieron una declaración que decía que el cronograma comprimido “resultaría en una enumeración seriamente incompleta en muchas áreas de nuestro país”.
La querella indica, entre otras cosas, que los intentos de la administración Trump por acelerar el conteo del censo representan una grave amenaza para todas las funciones vitales que dependen de los datos del censo.