Al ser elegido parlamentario en 2014, perdió su fuero presidencial y sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia
Este martes la Corte Suprema de Colombia ordenó la prisión preventiva en su domicilio de Álvaro Uribe Vélez, el dirigente político más influyente de los últimos 20 años del país.
Uribe, expresidente de la República entre 2002 y 2010, no solo fue el primer mandatario en servir dos períodos consecutivos en el primer cargo de Colombia, sino que se encargó de poner en su remplazo a su sucesor, Juan Manuel Santos, hoy uno de sus más grandes rivales políticos, y de ser la pieza clave en el ascenso del actual presidente Iván Duque, su pupilo durante sus primeros años en el Senado, donde todavía sirve como legislador.
Precisamente su actual cargo de senador es una de las razones por las que está en problemas con la justicia, ya que, al ser elegido parlamentario en 2014, perdió su fuero presidencial y sus actos quedaron bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia. En concreto el Supremo colombiano investiga a Uribe por dos delitos, fraude procesal y soborno, en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se remontan a septiembre de 2014 y paradójicamente provienen de una solicitud que el mismo Uribe hizo al alto tribunal para que abriera la investigación. Todo sucedió después de un debate en el Senado que organizó Iván Cepeda, parlamentario del Polo Democrático, el partido de izquierda más grande de Colombia, quien es un férreo contradictor de Uribe. En dicho debate Cepeda trató de establecer un vínculo entre el expresidente y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia, además de afirmar que Uribe era una ficha clave para entender el auge del narcotráfico en el país.
Uribe calificó ese testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos. Durante ese proceso el Supremo encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda y por el contrario sí las había para hacerlo contra Uribe, quien presuntamente sí habría incurrido en prácticas que buscaban por medio de sobornos cambiar los testimonios que Cepeda había presentado en dichos debates.
En las investigaciones del caso el Supremo también investiga al abogado Diego Cadena, quien hacía parte de la defensa de Uribe, y sobre el cual se tiene una serie de interceptaciones en las que se demostrarían los presuntos sobornos a Monsalve y otros exparamilitares para que cambiaran su testimonio y exculparan al expresidente además de señalar que el senador Cepeda los había comprado para incriminar a su contradictor.
“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, dice abogado del senador
Jaime Granados, defensor del expre-sidente Álvaro Uribe, dijo que recibe con “profunda decepción” la noticia de la detención domiciliaria contra el expresidente, adoptada por la Corte Suprema. Se desmarcó, de nuevo, de las acciones del abogado Diego Cadena. Este miércoles, casi 24 horas después de que se conociera que la Corte Suprema ordenó casa por cárcel para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez; su abogado principal, Jaime Granados, se pronunció por primera vez sobre la medida. Dijo que sentía una “profunda decepción” por el camino que eligió la Sala de Instrucción, que se enteró por un comunicado de prensa y aprovechó para insistir en la inocencia de su cliente. “El país debe saber que el (ex)presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”, señaló Granados.
Por parte del partido de Gobierno, el Centro Democrático, se venía señalando a todo el proceso y la posibilidad de la detención de Uribe como una “persecución política” por sus años de lucha férrea en contra de las guerrillas del país y demás grupos armados.