La Justicia Argentina Investigará el Fusilamiento de García Lorca

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El poeta y dramaturgo español Federico García Lorca (Granada 1898-1936) tenía 38 años cuando lo fusilaron. Pero 80 años después de su asesinato, sigue desaparecido. La Justicia argentina ha aceptado investigar este crimen a petición de la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)  ante la jueza María Servini de Cubría, al frente también de la investigación por violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista.
Servini de Cubría hizo lugar al pedido de la ARMH y envió un exhorto a la Justicia española el pasado julio para que le remita “toda aquella documentación que exista en los archivos sobre la detención y el asesinato de Lorca”, afirma uno de los abogados abogados denunciantes, Máximo Castex. El objetivo principal es obtener un documento de la 3ª Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Granada, fechado el 9 de julio de 1965, que relata las últimas horas del poeta. Los denunciantes sospechan que el texto – que la asociación obtuvo de forma anónima- se encuentra en los archivos del Ministerio del Interior español, de acuerdo a Castex.
Según consta en la denuncia, el documento identifica a García Lorca como socialista, masón y homosexual. Además, detalla que cuando se produjo el golpe de Estado franquista, el 18 de julio de 1936, García Lorca ya estaba en Granada. Había llegado días antes desde Madrid, donde residía. También narra los allanamientos de su domicilio y su posterior detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936. Los denunciantes aportan una fotocopia del texto, en el que se constata que el autor de Bodas de sangre “fue pasado por las armas” en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande y “enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco (…) en un lugar que se hace muy difícil de localizar”.
La Justicia argentina se declara competente para investigar este crimen a través del principio de jurisdicción universal que habilita a cualquier país a investigar siempre que no lo esté haciendo el país donde se cometió.
Valiéndose del principio de justicia universal, en 2010 Servini comenzó a investigar las violaciones de derechos humanos en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) por las que hay imputadas 19 personas en España con órdenes internacionales de búsqueda y captura. A finales de 2013, la jueza ordenó que se abriesen todos los consulados argenitnos en el mundo para recoger información sobre las víctimas del franquismo, y mayo del año pasado viajó a España para entrevistarse con algunos sobrevivientes de la represión falangista y familiares de asesinados y desaparecidos.

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