Humala Engrosa la Lista de Expresidentes Peruanos Investigados por Corrupción

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La investigación de la Fiscalía a Ollanta Humala, aumenta a cuatro la lista de expresidentes que en las tres últimas décadas han tenido problemas con la justicia en Perú. Incluso, uno de ellos, Alberto Fujimori, está preso pagando una condena de 25 años.
Son gobernantes que han sido cuestionados por la opinión pública, acusados de irregularidades por el Congreso, investigados por el Ministerio Público y con algunos de sus casos judicializados. En esta lista están Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006), además de Humala (2011-2016) y Fujimori (1990-2000).
El último caso es el de Humala, a quien la fiscalía investiga por lavado de activos debido al uso de 1,5 millones de dólares supuestamente enviados desde Venezuela y Brasil para su campaña electoral, y que no fueron declarados. Su agrupación, el Partido Nacionalista, y su esposa, Nadine Heredia, también fueron involucrados.
El fiscal ha pedido que le levanten el secreto bancario y que se rastree su movimiento tributario y bursátil a nivel internacional. Humala llegó al poder prometiendo colocar en un burro y pasear en plazas públicas al funcionario que fuera sorprendido en actos de corrupción.
Se trata de un mal del que nadie de salva. Dos meses después de que Pedro Pablo Kuczynski asumiera el poder prometiendo una lucha frontal contra la corrupción, se difundieron conversaciones de su asesor en materia de salud, Carlos Moreno, en las que negociaba supuestos nombramientos de cargos y ofrecía favorecer a clínicas privadas con programas gubernamentales.
“La corrupción es un fenómeno totalmente arraigado en Perú, me sorprende que luego de tanta denuncia, de tanta lucha de la sociedad civil y de los medios de comunicación no se haya reducido sino más bien vemos que se ha incrementado”, dijo a la AFP el director de la consultora política Vox Populi, Luis Benavente.
Considera que en el Perú la política es profundamente corrupta, situación que no sólo se encuentra a nivel de gobierno central, sino que se evidencia con los múltiples casos de procesos a gobernadores regionales y alcaldes.

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