El Millonario Negocio Petrolero de Venezuela con EE.UU., Escapa de las Sanciones

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Pese a los reproches cruzados, Washington es el primer comprador de crudo venezolano por un valor diario de 32,2 millones de dólares

Sharon Hymes desconoce que la gasolina que está descargando desde su camión cisterna procede muy pro-bablemente de  Venezuela. Acude una vez a la semana a la gasolinera de Citgo en la calle 9, en el noreste de Washington. Llena su camión en una planta a las afueras de la ciudad, adonde llega el combustible en un oleoducto procedente de Alabama. “No tenía ni idea”, responde Hymes, de 50 años, cuando se le pregunta si sabía que  Citgo es propiedad de Pdvsa, la compañía estatal petrolera de Venezuela.
El trabajo de esta conductora supone el eslabón final de la cadena detrás del millo-nario negocio petrolero de Venezuela con Estados Unidos. Los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump han impuesto en los últimos años sanciones —las  últimas el pasado 18 de mayo— contra el entorno de  Nicolás Maduro por la deriva autoritaria del presidente venezolano en el empobrecido país suramericano. Maduro acusa a EE.UU. de orquestar un plan para derrocarle y Trump asegura que Venezuela es un “desastre”. Pero detrás de esa retórica y bajo la amenaza de nuevas pena-lizaciones de Washington, se mantiene el business as usual en el comercio petrolero.
Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es el tercer suministrador para EE.UU. Caracas vendió en 2016 de media 741.000 barriles al día de crudo a Washington, según el registro del Departamento de Energía estadounidense. Teniendo en cuenta el precio de referencia del año pasado, equivale a un negocio de 32,2 millones de dólares al día. Citgo, que Pdvsa controla  desde los años ochenta, es el principal comprador de combustible venezolano en EE.UU.
Washington solo ha impuesto sanciones individuales a Caracas, por ejemplo a altos cargos políticos y judiciales que tienen ahora bloqueados sus bienes en EE.UU. Pero ante el declive democrático en el país latinoamericano, acentuado en las últimas semanas por los intentos de Ma-duro de reescribir la Constitución para aislar a la oposición, ha crecido la especulación sobre si el Gobierno de Trump se atrevería a adoptar penalizaciones sectoriales. Cualquier paso en esa dirección afectaría a la industria petrolera. El crudo es el sustento de la paupérrima economía venezolana y su único lazo comercial relevante con EE.UU.
Un embargo al petróleo venezolano, como el que impusieron EE.UU. y la Unión Europea a Irán hasta la implementación del acuerdo nuclear, sería catastrófico para Caracas. “Vene-zuela necesita a EE.UU mucho más de lo que EE.UU. necesita a Venezuela”, dice Mara Ro-berts, analista energética en Nueva York de la consultora BMI Research.
Venezuela —que posee las mayores reservas del hidrocarburo del mundo— exportó en 2016 a EE.UU. el 30% de su producción y colmó el 4% de la demanda estadounidense, según datos citados por la agencia Bloomberg. El envío de barriles cayó el año pasado a su nivel más bajo desde 1991 por las dificultades de producción venezolana, pero el país mantiene una cómoda ventaja frente a México y Colombia, que son el cuarto y quinto sumi-nistrador, respectivamente, de crudo a EE.UU.
Roberts sostiene que EE.UU. podría resistir perfectamente un embargo al  petróleo venezolano. Lo podría compensar sin que lo notara el consumidor con una mayor importación de otros países, principalmente Canadá, que es con diferencia su principal proveedor. En cambio, Vene-zuela tiene una “dependencia increíble” del mercado norteamericano.
Un embargo, señala la experta, desencadenaría un triple efecto nocivo para Caracas. Pdvsa tendría que buscar nuevos mercados y más lejanos para compensar el bloqueo de Washington, lo que debilitaría aún más sus frágiles finanzas, ya muy golpeadas por el descenso del precio del petróleo y la mala gestión interna. Las tres refinerías de Citgo en EE.UU. tendrían que importar crudo de otros países, lo que también dispararía los costes. Y los ciudadanos venezolanos “pagarían el precio” por el aún mayor ahogo económico que sufriría el Gobierno y que empeoraría la crisis humanitaria en el país.

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